La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP citó a 74 militares a una audiencia de reconocimiento por ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” registrados en el Huila.

En esta Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad, los militares comparecerán por su responsabilidad por los hechos de falso positivos se habrían dado entre 2005 y 2008 en el departamento del Huila. Son 108 casos en los que se presentaros 200 asesinatos , 32 desapasiones forzadas y 8 tentativas de homicidio documentados al Subcaso Huila del Caso 03.

La audiencia será el 8, 9 y 10 de agosto en Neiva ante 140 víctimas en el Huila, por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado del Batallón de Infantería No. 26 'Cacique Pigoanza' (BIPIG), del Batallón de Infantería No. 27 'Magdalena' (BIMAG), de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y de la Novena Brigada.

Entre los citados hay 28 máximos responsables imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad que ya aceptaron por escrito su responsabilidad. Entre los responsables hay tres corones en retiro del Batallón de Infantería No. 26 'Cacique Pigoanza' (BIPIG), Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García. Estos militares le contarán al país cómo se ejecutó el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados en el departamento de Huila.

No aceparon su responsabilidad
De los hechos registrados en el Huila, seis máximos responsables no reconocieron responsabilidad. Se trata de los militares en retiro, los generales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca y el coronel Fernando Moncayo Guancha.

Estos manifestaron que no reconocen su responsabilidad por los crímenes imputados. En estos casos, sus procesos fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que, si decide acusarlos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, iniciaría un procedimiento adversarial en el que se exponen a una sanción de cárcel de hasta 20 años.