Ya se van a cumplir dos años exclama con nostalgia, Clementina Angulo Cuellar madre de Carlos Lugo. Es que si algo tiene claro Clementina es la fecha del dos de octubre, puesto que con ese día llega a su mente los dos años que han pasado sin poder tener a su hijo en su hogar. Años que como reconoce le han dejado un vacío y un dolor muy grande, por eso esto parece ser la más larga tortura desde el día en que vio cómo fue capturado su hijo acusado por delitos de los que aún no se conocen pruebas y menos condena.

Las comunidades afectada por la represa El Quimbo, entre ellos jornaleros, mayordomos y demás campesinos a los que se le ha vulnerado sus derechos y no se le garantiza sus actividades productivas, sufren una arremetida más para ser despojados y desplazados, de esta forma se ven obligados a salir vilmente y a la fuerza de sus tierras. Al desalojo registrado ayer 24 de septiembre en la Jagua, se espera que esta semana  la Policía procesa con tres desalojos más en la La virginia y Utica,  de igual forma en El Palacios en Garzón.

Amenazas, criminalización, judicialización y hasta asesinatos han sido la constante que viene sufriendo las organizaciones sociales, indígenas y líderes sociales en lo que lleva corrido este año. El movimiento social y político Marcha Patriótica ha sido objeto  de estos hostigamientos.

Fue alto el costo que los sectores agrícolas y populares debieron pagar para que el Gobierno nacional dejara su petulancia, a pesar que hasta el último momento de acuerdos fue desafiante y su mayor respuesta siempre la militar, parece seguir siendo la constante. Ese precio terminó con el levantamiento de los bloqueos, pero con las comunidades dispuestas a seguir en paro hasta que el Gobierno cumpla.

Colombia enfrenta una grave y agresiva implementación de la política minero-energética por parte del Gobierno que viene causando graves conflictos sociales en los territorios. Esa política incluye la construcción de varias represas en el territorio nacional, por eso las organizaciones sociales abren el debate sobre la explotación del río Magdalena con en el Plan de Aprovechamiento que pone el ecosistema y dinámica social en peligro.

Aunque la artimaña política dividió a los cafeteros, ya que líderes politiqueros hablando en nombre de movimiento Dignidad Cafetera se bajaron del paro por acuerdos. Una base cafetera aún sigue inconforme y en paro. De igual forma otros sectores sociales y campesinos se mantienen en movilización en 7 puntos de concentración en el Huila.

Las universidades públicas en su política de autofinanciamiento y de la relación con los sectores privados, vienen ofreciendo servicios a favor del capital, sobre todo estableciendo convenios y contratos con transnacionales de proyectos extractivos mineros-energéticos que destruyen los territorios y despojando a las comunidades.  Este es el caso de la Usco, Universidad del Tolima y hasta La Nacional.

A dos años de implementad esta Ley, Así lo creen centenar de comunidades que en el Huila han sufrido la guerra que se siente con mayor ahínco en el sur colombiano. Dicen que esta política es “deplorable y contradictoria”.

En medio del proceso de diálogo entre el gobierno nacional y las Farc en la Habana, varios hechos de movilización social y política se han generado en país para blindar el proceso de paz, y además la exigir participación de diferentes sectores sociales en los acuerdos, por eso han venido planteando propuestas y acciones como el próximo Congreso de Paz.

Paradójicamente mientras se compran predios de la Cuenca del río Las Ceibas para proyectos de reforestación y protección, también se alerta de la posible extracción por el otorgamiento de licencias petroleras. Sumado a esto desde hace seis años, han venido llegando empresarios mineros a asentarse sobre las márgenes de la principal afluente de Neiva con el fin de explotarlo. Hoy algunos de ellos cuentan con permisos especiales para hacer extracción material. La comunidad denuncia problemas de salud al parecer producto de éstas actividades.

Crisis de cafeteros, marcha contra la brutalidad policial, movilización contra el monopolio informativo y la exigencia de la financiación de la educación pública hacen parte de las acciones desarrolladas y programadas para el mes de febrero; protestas que evidencia los problemas sociales que enfrenta el país.