A dos años de implementad esta Ley, Así lo creen centenar de comunidades que en el Huila han sufrido la guerra que se siente con mayor ahínco en el sur colombiano. Dicen que esta política es “deplorable y contradictoria”.

 

Para Mariluz Piñero Bolaños el recobrar sus derechos ha sido tan duro como cuando se los vituperó aquel actor armado que entro violentamente a su vida. A dos años de dar inicio a la implementación de la Ley de Víctimas, el panorama no es muy alentador. Los 4,9 millones de desplazados, víctimas la mayoría del accionar de la guerra no se han visto plenamente dignificados en sus derechos. En cambio, ha sido todo un viacrucis el poder acceder a los servicios especiales que como población vulnerable tienen posibilidad según la 1448 de 2011.

Luego de dos años de implementada, líderes campesinos y víctimas de la guerra en el Huila califican la Ley de Víctimas como “deplorable y contradictoria”. Argumentan que mientras se habla de paz, los actores armados continúan sembrando la zozobra, principalmente en las zonas rurales del Departamento. “Lo único que hay es pie de fuerza militar por todo lado, pero si estamos hablando de paz, pues deberían es invertir en desarrollo social que es lo que necesitamos”, dijo Lorena Sánchez, secretaria general del Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, ATCH, organización social de base que trabaja con población víctima en el Huila.

Agrega que aunque exista esta Ley, continúa violándose los derechos humanos en las zonas rurales. “Nosotros hemos radicado a las personerías alrededor de unas 10 denuncias de violación a los Derechos Humanos por cuenta de la Fuerza Pública, especial en las llamadas zonas rojas por el alto nivel del conflicto social y armado existente”, explicó Lorena. Agregó también que en la zona donde estamos no ha habido acompañamiento de los sectores campesino. “No se acuerdan el Gobierno que existen unas familias allá, que hay población civil, porque aún existen ametrallamientos indiscriminados, bombardeos donde hay comunidades campesinas que viven allí. Entonces, realmente acompañamiento estatal nunca lo ha habido”, explicó.

Según la líder social, lo que más alerta a las organizaciones de víctimas es el nivel de miseria que continúa campeando en éstas zonas, caldo de cultivo para la violencia y la guerra, explicó. “En el norte del Departamento, en las veredas Perlas y Laureles, zona rural de Baraya, con más de seis mil familias incomunicadas desde hace dos años y medio. Esta situación es también una violación fragante a los Derechos Humanos en el Huila, el derecho a no poder los niños ir a estudiar. En esa zona, no hay enfermera, ni médicos, tampoco profesores en la escuela”, denunció.

“Estamos como a comienzo”

Así califica Mauricio Antonio Botero, presidente de la Fundación Por un Mejor Vivir Paz, la actual situación de las familias víctimas que agremia su organización. “Yo hace cuatro años fui desplazado de San José del Guaviare de la vereda Cachicamo. Es muy duro recordar esa historia, pero uno poco a poco hemos superando eso, porque aquí nadie nos está ayudando a superar esto. Todo lo que el Gobierno ha prometido en esa Ley ha sido mentiras. Lo que dice la 1448 no lo ha cumplido y tal vez nunca lo cumplirá. El Gobierno tiene 10 años para poderle cumplir a los que hemos sufrido la guerra, pero llevan dos y no han avanzado ni el uno por ciento de lo pactado en la Ley”, sostuvo Mauricio.

Por su parte, Mariluz Piñero Bolaños, integrante de la Corporación Mujeres Víctimas Soñadoras, asegura que “la plata de los programas de víctimas la gastan en otras cosas y no realmente en lo que necesitamos. Sabemos que hay dinero para las víctimas, porque en las agendas de trabajo que han quedado en las gobernaciones y alcaldías están, al menos en el papel, señalados para operar muchos programas para beneficiar al sector. Sin embargo, los de la Mesa Municipal Neiva no hemos podido hacer que esos recursos lleguen realmente a las víctimas”.

Según la líder, muchas de las 25 mujeres que hacen parte de su organización, han iniciado gestiones para acceder a proyectos productivos, pero se les ha presentado toda una serie de obstáculos que dilatan el proceso de restitución de derechos. “Yo personalmente he tratado de radicar proyectos productivos para nosotras pero eso ha sido difícil. Vamos a una parte, vamos a otra, diseñamos los proyectos, los presentamos y no hay voluntad de querer ayudar. Muchas veces que se quiere es capacitación para los líderes de las 24 organizaciones de víctimas y no ha sido posible”, dijo Mariluz.

Reclamó además que cuando se hacen encuentros masivos para tocar el tema de los Diálogos de Paz, los que visibilizan son a los invitados especiales, es decir, a los congresistas de la República, miembros de entidades gubernamentales y organismos internacionales, excluyendo de la mesa principal a las organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuenta el sector de las víctimas. “Las víctimas del pueblo, nos quedamos acá abajo y no nos dan la oportunidad de nosotros hablar y decir que es lo que sentimos y cuales son realmente las necesidades. Es una participación que no sirve, porque es en otros espacios donde realmente toman las decisiones”, puntualizó Piñero Bolaños.

Se mantienen las trabas

Uno de las estrategias que se han diseñado para hacer efectivo la reclamación de los derechos de muchas de las familias víctimas de la guerra en el Huila y el sur colombiano es el Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Político, Social y Armado Interno, Pavip. Este es uno de los pocos, para no decir el único, que en la región realiza un trabajo de seguimiento a la implementación de la Ley 1448 de 2011 y acompañamiento en el proceso de exigibilidad de los derechos a las personas u organizaciones de víctimas.

Fernando Iván Ruiz es abogado y es quien dirige el Programa. Hasta ahora, el trabajo adelantado por su equipo en el Pavip, advierte que, en efecto, existen aún “cuellos de botella” en la implementación de la Ley de Víctimas. “En el ejercicio, hemos identificado demoras en la respuesta a la solicitud de inclusión en el registro por razones que ya la Corte Constitucional ha rebatido de manera insistente, demoras en las entregas de la ayuda económicas a las víctimas en sus diferentes fases, dificultades también en el reconocimiento a la indemnización”. El Pavip anunció que, con todo este seguimiento, redactara un informe que publicará el próximo mes de agosto. Allí se explicará lo que ha sido la implementación de la Ley de Víctimas en el Huila.

Por esta razón, adicionales éstas a las causas ya reportadas por la prensa nacional, los sectores campesinos del Departamento anunciaron que se unirán al gran paro nacional agrario programado para el 19 de agosto. “Por eso hacemos el llamado a todos los sectores sociales al gran paro porque realmente, no es solo el Huila sino todas las zonas rurales del país están en una crisis total y nos vemos obligados a volcarnos a las calles porque la responsabilidad está en el Gobierno del presidente Santos”, puntualizó Lorena Sánchez.