Diversas organizaciones manifestaron sus preocupaciones por el decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública en las manifestaciones sociales, por parte del Gobierno Nacional.

La sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020 ordenó al gobierno  convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones. Se solicita construir y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”. Sin embargo, las organizaciones derechos tienen varios inconformismos con el decreto presentado por el gobierno. 

Son  cinco los  reparos. Pese a que fueron convocados  a una Mesa de Trabajo, denuncian que varios puntos de discusión no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo. Siendo así, considera que no hay una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y la protección a la vida, integridad personal, libertad de expresión y debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho.

Un  reparo  manifiesta que no se revisaron  las directrices de uso de la fuerza vigentes con fines de reestructuración. Tampoco se redefinieron elementos para prevención de actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en atención a manifestaciones. 

“La mesa no llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones”, aclaran las organizaciones.  Además, no se establecieron criterios para  limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones.

Uno de los puntos que más preocupa es que no hubo inclusión de  respeto a la misión periodística y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia. 

Entre las organizaciones que manifestaron su preocupación ésta  la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia, el  Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR, la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, entre otras.

 

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