Se reactivaron los falsos positivos judiciales como forma de persecución y criminalización al movimiento social.

Esta estrategia muy aplicada en el Gobierno Uribe de criminalizar y judicializar vuelve a ser desplegada por estos días en el escenario de la protesta social contra las políticas del Gobierno de Iván Duque.

A través de los medios, altos mandos de la Policía y El Fiscal anunciaron varias capturas de personas que presuntamente estarían implicada en los denominados, “actos vandálicos” de las protestas sociales. Acusados de ser los promotores de los hechos violentos.

La DIJIN y la Fiscalía de Bogotá realizaron el 18 de septiembre, la captura de varias personas, en la denominada operación 21N.  Por los hechos de protesta social registrados el 21 de noviembre, 11 de septiembre y el año pasado  en Bogotá. La Fiscalía presentó la detención de cinco personas, que señalan como miembros de las disidencias de las Farc: “alias Justo, alias La Pola, alias Erika, alias El Profe, alias Martín”.  Acusados por la Fiscalía, presuntamente de auspiciar actos vandálicos en Bogotá.  Presuntamente, pertenecen células terroristas urbanas, escuelas de Resistencia Civil, Uniones Solidarias y Comandos Urbanos organizadas por disidencias de las FARC.

Entre los detenidos, se encuentra Greissy Alexandra Perilla, licencia de la Universidad Pedagógica. Educadora popular, defensoras de derechos humanos y miembro de la Fundación DHOC. Perrilla, además se ha destacado por investigar el fenómeno paramilitarismo  en el país. Organizaciones de derechos manifiestan que como este caso, se evidencia un falso positivo judicial.

Según la Fiscalía, los capturados se les señala de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público y violencia contra servidor público.  Entre estos, alias El  profe o Parga, figura como funcionario del Gobierno, contratista del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Sin embargo, los senadores Gustavo Petro y Ángela María Robledo denunciaron que capturas de la Fiscalía son falsos positivos judiciales. Denunciaron allanamiento de las casas de varios militantes de Colombia Humana, entre ellos  Greissy Perilla y Justo Villarraga, docente de 73 años que lidera una  veeduría ciudadana.

Los allanamientos realizados en Bogotá, Soacha y Villavicencio, afecta a miembros de organizaciones sociales, de derechos humanos y movimientos políticos de izquierda en el país.

Las organizaciones sociales han denunciado estas capturas como una estrategia de persecución y estigmatización del movimiento social. Situación que busca afectar la protesta social, mandado un mensaje de terror contra los protestantes. Así como la persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Lo anterior, se suma a la estigmatización y persecución al trabajo social y comunitario que se lidera en zonas vulnerables del país. La fuerza pública ha venido reiterando en medios que personas pertenecientes a grupos radicales y que realizan trabajo comunitario viene promoviendo adeptos, reclutamiento y adoctrinamiento en los barrios periféricos y universidades. Señalamientos  rechazados por los trabajadores sociales y líderes comunitarios que hacen trabajo social.

Por lo anterior el 21 de septiembre, se convocó a un plantón frente a las instalaciones de la DIJIN, en la Avenida el Dorado # 75 - 25, en rechazo a las detenciones arbitrarias.

 

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