Comunidades vienen denunciado las amenazas constantes de grupos armados ilegales, paramilitares en diversas zonas del país. 

Panfletos amenazantes, firmados  por las Autodefensas Unidas de Colombia, reciben líderes  sociales del país. Es el caso de los municipios de Cartagena de Chairá, El Doncello, San Vicente el Caguán y El Paujil en el Caquetá donde se han recibido panfletos.  Recientemente también se dieron a conocer panfletos del Bloque Capital de las Águilas Negras en  Fontibón, Soacha y Ciudad Bolívar. Casos similares se viven en diversas zonas del país, así quedó  establecido en la audiencia pública "persistencia del paramilitarismo".  

Organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron ante la CIDH la vigencia del paramilitarismo en Colombia, con la complicidad, anuencia y tolerancia de estructuras institucionales, incluidas la fuerza pública y los poderes políticos y económicos regionales.  Lo que refleja que los grupos Paramilitares siguen  operando bajo la doctrina de la seguridad nacional y democrática. Fenómeno muy ligado el despojo de tierras.   

Para senador, Alirio Uribe, el paro armado convocado por estructuras paramilitares hace algunas semanas, en casi seis departamentos del noroccidente del País, revela que “hay enemigos del proceso de Paz, y esos enemigos están en los escenarios políticos, en los escenarios militares, judiciales y obviamente en estas estructuras criminales; eso es lo que hay que derrotar, esa apología a la violencia, esa apología a la guerra”.

Las organizaciones sociales dejaron claro que hay que reconocer el fenómeno como paramilitar y no minimizarlo como Bandas Criminales, Bacrim. "La desarticulación de grupos pos-desmovilización que mantiene control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituyen un desafío permanente para la paz”.

Alirio Uribe manifiestó que cuando se habla con los sectores sociales, los sindicalistas, los líderes indígenas, los líderes campesinos, líderes de marcha patriótica, de la juventud comunista, entre otros, “nos encontramos que se han seguido disparando los asesinatos de líderes sociales, y casi que el 100% de los casos son imputables a estos grupos que algunos llaman paramilitares y que el gobierno dice que no lo son, por eso importante revisar  esa situación”.

Según las organizaciones,  la fallida Ley de Justicia y Paz dejó como consecución la recomposición de grupos paramilitares, "A 11 años de la entrada en vigencia de dicha Ley, solamente se han proferido 33 condenas por 4.305 hechos donde se han reconocido 21.848 víctimas”.

En la audiencia se denunció que los reclamantes de tierra se encuentran acechados por los Paramilitares y grupos anti restitución de tierras. Por eso líderes  y organizaciones sociales son perseguidas por exigir las Zonas De Reserva Campesina. “Somos objetivo militar por parte de los Paramilitares por defender la tierra en el Catatumbo". En la finca La Europa se siguen presentando hostigamientos contra reclamantes de tierra y  también se vive una situación similar en Montes de María.

Así mismo, se denunció como  las actuaciones de Paramilitares  ocurren a pocos metros de las guarniciones militares. Para el líder David Flórez, el Paramilitarismo surge y se mantiene gracias a la doctrina contrainsurgente de las fuerzas armadas, “Los poderes económicos se han beneficiado del despojo de tierras de los campesinos, indígenas y afros", puntualizó. 

Las organizaciones sociales exigieron al Estado desmantelar las estructuras paramilitares, para que se brinden las garantías para una paz estable. 

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