Las comunidades afectada por la represa El Quimbo, entre ellos jornaleros, mayordomos y demás campesinos a los que se le ha vulnerado sus derechos y no se le garantiza sus actividades productivas, sufren una arremetida más para ser despojados y desplazados, de esta forma se ven obligados a salir vilmente y a la fuerza de sus tierras. Al desalojo registrado ayer 24 de septiembre en la Jagua, se espera que esta semana  la Policía procesa con tres desalojos más en la La virginia y Utica,  de igual forma en El Palacios en Garzón.

 

Por un lado en la zona de El Quimbo el campesinado que ha decidido recuperar la tierra para subsistir enfrenta los desalojos violentos con la complacencia de entes gubernamentales, pero por otro lado el drama de las expropiaciones continua haciéndose efectivo para muchos campesinos que resisten en sus tierras y no se les ha garantizado condiciones para dejarlas.

Asoquimbo anunció que el tema de los desalojos se están realizando clandestinamente porque no se informa a las comunidades del predio la fecha en que procederán con el operativo militar, tal como sucedió el 24 de septiembre en el desalojo violento que dejó varios heridos en las fincas de La Guipa, Guacas y los Olivos, en la zona de la Jagua.

Asoquimbo ha intentado de muchas formar que a través del diálogo se de salidas y respuestas a estas comunidades afectadas a las que se les ha venido violando sus derechos. Hasta última hora manifestaron que intentaron de mil formas el diálogo con la Alcaldesa para reprogramar la diligencia, “propusimos que realizáramos como un primer punto una reunión de inmediato con la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia -Fabiola Castillo Reina - para establecer la situación y condiciones de las personas que estaban ocupando el predio porque como estaba consignado en un pronunciamiento de la Corte Constitucional se debe proveer las condiciones de vivienda y derecho al trabajo de las personas con el fin de no afectar sus derechos fundamentales”, sin embargo a la hora de la diligencia Policía esta cartera de derechos que ha estado atenta y procedió a una mesa de gobernanza con el Gobierno departamental para la protección de los derechos de los Afectados por El Quimbo, a la hora de estos hechos que contradicen su interés, no se pronunció y por el contrario evadió comunicación con Asoquimbo.

En la zona impera la fuerza de Emgesa, es quien ordena y el Estado con sus fuerzas armadas parece existir sólo para cuidar de la transnacional y seguir las órdenes. Emgesa fue quien dio orden a la Policía para que presionara a la Alcaldesa a terminar el dialogo. Así fue que se dio la orden de levantarnos con la fuerza pública, aun cuando no se había agotado la etapa del dialogo y teniendo en el lugar a niños, mujeres y un discapacitado.

Asoquimbo denunció como uno de los líderes del lugar, Alexander Naranjo lo esposaron detenido para sacarlo del lugar y lo llevaron hasta la casa, para que no liderara el proceso organizativo y desarticular la resistencia del lugar. .

La comunidad presionó para que del procedimiento se hiciera un Acta e inventario, en la que la comunidad grabó y dejó constancia y de los cultivos que la comunidad tenía en la zona. A lo único que se dedicaron fue a destruir la zona de cultivo de la gente con maquinaria pesada, cultivos a los que esfuerzo la comunidad había sembrado para poder comer, porque literalmente están aguantando hambre en la zona, por eso es que vienen recuperando las tierras.

Emgesa exigió reiteradamente que saquen de la diligencia, a l equipo Asesor de Asoquimbo, la Comunicadora Jennifer Chavarro que se encontraba en el lugar. Justificando que no podía hacer parte del proceso. “El personero dejo expreso en el acta que nosotros éramos terceros que perturbamos el proceso, solicito a la policía me sacara del lugar y lo hicieron con 6 policías, me querían llevar a la estación, pero se logró presionarlos para que mes soltaran porque no tenían orden, ni cargos ni nada”.

Asoquimbo sigue generando acciones como un memorial y acción de tutela para suspender las diligencias violenta y que vulnera aún más los derechos de estas comunidades. Ya que a los casos anteriores se suman otros tres desalojos para principios de octubre que se tienen previstos en la Honda en Gigante, el primero a personas campesinas que han recuperado las tierras. Otra una finca con personas que título o tenencia, es decir serán expropiados. Finalmente un comodato de los Triviños.

La situación en la zona es tan alarmante que hay varios procesos de expropiaciones sin que se les garantice reasentamiento a las comunidades, lo que es más grave es que son familias completas de Empresas Comunitarias como la Libertad, Las Peñas y La Cañada.

En estos desalojos y expropiaciones, viene siendo cómplices alcaldes de la zona como el de Altamira y Gigante que acogen los Amparo Policivos de Emgesa-Endesa-Enel, de igual forma los Personeros que avalan el procedimiento militar de desalojo.

Situación que se dan sin que haya una verificación de los casos y se responda a las justificaciones que tienen los campesinos para ocupar los predios, ya que no han sido censados, se encuentras sin trabajo, fueros desplazados de sus jornales, sin hogar y sin sustento de sus familias, por lo tanto esa recuperación de tierra ha sido su última salida al Derechos a la Vida Digna y, específicamente, al Trabajo que se viene vulnerando y han agotado otras instancias sin que se les sean garantizados, son más de 100 familias que desarrollan la liberación y recuperación de tierra en más de 10 predios de los que fueron desplazados, son ahora en lo que se encuentra en riesgo por una doble violación de sus derechos al ser desalojados violentamente, sin que se garantice sus derechos. Estos hechos se suman a varios desalojo ya registrados en el que vilmente se desalojan a las comunidades de sus propios hogares, destruyendo sus casas.

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