Fue alto el costo que los sectores agrícolas y populares debieron pagar para que el Gobierno nacional dejara su petulancia, a pesar que hasta el último momento de acuerdos fue desafiante y su mayor respuesta siempre la militar, parece seguir siendo la constante. Ese precio terminó con el levantamiento de los bloqueos, pero con las comunidades dispuestas a seguir en paro hasta que el Gobierno cumpla.

Luego que se llegaran a acuerdos con sectores sociales regionales y nacionales para levantar los bloqueos, la intención represiva del Gobierno no cesa. El anunció lo hizo el ministro de defensa y es aumentar el pie de fuerza de los Escuadrones Móviles Antidisturbios, Esmad. Esa fue de las respuestas finales del Gobierno al paro, a pesar de lo cientos de abusos denunciados. Por su parte el campesinado por esa acción represiva del Estado, del poco diálogo del Gobierno y de militarizar el territorio; terminaron pagando un alto precio con la vida misma.

Cuando recién inició el paro, uno de los campesinos del Huila dijo que estaría dispuestos a estar movilizados, concentrados y bloqueando las vías, los días que fueran necesarios hasta que el Gobierno Nacional escuchara sus necesidades y les diera respuesta. Agregó que si fuera necesario dar la vida, la daría pues está en juego el futuro de sus hijos. Por eso el campesinado colombiano cumplió 21 días de paro, paralizando departamentos con dignidad y como manifestó este campesino muchos dieron sus vidas.

Ese preció  para  que la agenda nacional e internacional no desconociera la profunda crisis que enfrenta el sector agrario y otros sectores sociales afectados por la políticas económicas del Gobierno perpetuadas  desde hace muchos años, incluyó 12 asesinados a manos de las fuerza públicas del Estado. Hasta el 27 de agosto, era 5 los asesinados en Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Luego la masacre se hizo profunda con el asesinato de otros 4, incluido un niño en Mojarras Cauca por las balas del uniforme ensangrentados de miembros de las fuerza públicas. Según informe de la Comisión de Derechos de la MIA fueron un total de 12 personas muertas, “JUAN CARLOS LEÓN ACOSTA asesinado el 26 de agosto en el municipio de Fusagasugá, JOHNY VELASCO GALVIS, asesinado el 29 de agosto en la localidad de Suba – Bogotá, CRISTIAN DELGADO asesinado en la localidad de Engativá en la misma fecha , EINER MOSQUERA asesinado en el municipio de Coyaima – corregimiento de Castilla – Tolima el 29 de agosto y UN MENOR DE EDAD DE 15 AÑOS, cuya identidad aún no ha podido ser precisada en el municipio de Rionegro – Antioquia. En el transcurso de los últimos tres días perdieron la vida los jóvenes campesinos VICTOR ALFONSO ORTEGA quien falleció en la ciudad de Popayán luego de ser trasladado desde el municipio de Mercaderes a causa de una herida por impacto de arma de fuego y JOSE LUIS ENRIQUEZ, asesinado en el municipio de Leiva – Nariño, luego de la arremetida de la fuerza pública que se prolongó durante las horas de a tarde y la noche del pasado 5 de septiembre. Finalmente el 7 de septiembre en horas de la tarde se tuvo conocimiento del asesinato del joven JHON ALEXANDER VALENCIA, de 18 años, miembro de ASOMINUMA, cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda San Lorenzo – Rio Nulpe, quien fue asesinado en circunstancias aún por precisar”.

La reparación de cientos de heridos

Las familias de la víctimas del accionar violento del Estado en este paro, exigen la reparación integral y moral por los asesinados; pero además por los más de 500 heridos en lo que hay gente sin ojos, pérdida de manos y pies, desfigurados, partidas de huesos, de golpizas con traumas graves que dejaron parapléjicos y más de 21 heridos a bala; todo esto es fue costo que pagaron campesinos y sectores populares para que fueran escuchados, y hoy se les haga promesas de nuevas mesas y algunos acuerdos que esperan ver cumplidos. El precio para que la gente de las ciudades se solidarizara y despertaran incluso el apoyo internacional. Pero el precio que también pagaron para tener la condena de los indolentes que se sintieron incomodados y culparon a los campesinos por la escases de alimentos y las afectaciones económicas de los bloqueos.

Según la Fiscalía hasta el 4 de septiembre habían sido detenidos 648 personas en el marco de las acciones del paro. Por lo que al 8 de septiembre con las arremetidas violentas de desalojo esta cifra pudo haber llegado a los más de los 700 detenidos, de estos al menos 100 han sido encarcelados y hoy son presos políticos; judicializados, procesados y con la apertura de procesos por la imputación de terrorismo, violencia contra servidores públicos, perturbación del servicio de transporte y obstrucción de vías.

Otros resultados

Quedan las promesas y los acuerdos por cumplir, luego de la estrategia de Gobierno de atender las demandas por sectores y regiones; buscando dividir y desestabilizar la fuerza de movilización nacional del paro. Estos acuerdos no recogieron a todo el campesinado movilizado, menos a los que exigen medidas generales para intervenir de manera estructural la crisis de todo el sector agrícola; por eso fueron acuerdos minoritarios que ofrecieron soluciones a corto plazo y temporales más como estrategia política.

Mientras uno de los acuerdos incluye congelar la resolución 9.70 que criminaliza al campesinado y privatiza la semilla; pero ya se conoce de la estrategia de hacerle un proyecto de modificación a la resolución, con el fin de reglamentar la producción y comercialización de semillas. Otro de los acuerdos con el sector camionero fue congelar por un mes el precio del ACPM que no resuelve el problema grave del alto costo de los combustibles. Así acuerdos livianos fueron firmados, con promesas de hacer análisis, de estudiar proyectos de Ley, hacer estudios, buscar fórmulas y de mantener otras mesas de diálogos. Mientras esto se da y se cumple, sigue en vigor y toda su aplicación los TLCs una de las razones por la que el pueblo Colombiano se movilizó.

Entre esas mesas hay una nacional la que se concertó con los 12 voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA-Nacional y delegados de departamentos, con el fin de discutir en los próximos días el pliego nacional. Lo que incluyó un gesto de buena voluntad, decidieron dar fin a los bloques. Pero bien se sabe cómo en el caso de la decisión de la Mesa Departamental de Interlocución y Acuerdo en el Huila fue el levantar los puntos de bloqueos por la crisis humanitaria, “se debió a las pocas garantías que ofrece el Gobierno Nacional y Departamental, en la manera criminal en que los miembros del Esmad en conjunto con ejército nacional y Sijin arremeten contra nuestros campesinos, los antecedentes frente a estos casos son la utilización de armas de fuego en la confrontación, los montajes judiciales, los panfletos con fotografías de campesinos que ejercen su Derecho a la protesta, las infiltraciones de agentes del establecimiento y declaraciones que criminalizan la justa movilización en Paro de nuestros campesinos”. En el pronunciamiento del acuerdo  los líderes manifestaron que si el gobierno incumple, volverán  a las calles y carreteras del país, "por el momento el paro continúa sin bloqueos", puntualizó la MIA.

Bajo todas estas promesas, pequeños acuerdos y el desarrollo de otros espacios de diálogo en lo que se espera se responda de manera profunda a la crisis del campesinado. Se logró algo fundamental, fue que los ojos del mundo miraran a Colombia por el accionar violento del Estado. Pero además que se pusiera en la agenda nacional e internacional una crisis del modelo económico que el Gobierno quería de todas las formas ocultar. A pesar de esto, faltan acuerdos importantes por definir como debe ser la liberación de los más de 100 encarcelados que dejó el paro y el cierre de procesos abiertos por las acciones de las movilizaciones. Así mismo la condena moral por los asesinados y heridos, y la reparación integral de estas víctimas.

Es que la respuesta del Gobierno a la crisis enfrentada no puede ser un simple cambio de ministro que sólo es el espaldarazo a las exigencias de los campesinos, sino que es la ficha para mantener su política económica de desarrollo y despojo. La Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento era la directora de la Anla, responsable de entregar miles de licencias a multinacionales en todo el país como fue el caso de la presa El Quimbo, entregando al capital extranjero tierras productivas del Huila. Por su parte el Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, expresidente de Indupalma; empresa concentradora de tierras para producir palma de aceite en América, la Palma ha sido un negocio paramilitar con que se han despojado a miles de campesinos. De igual forma ratificar a Juan Carlos Pinzón como Ministro de Defensa es validar el accionar violento que hoy deja este alto costo pagado en los campesinos y sectores sociales que con dignidad se levantaron en este paro. Mientras tanto los sectores agrarios y populares siguen construyendo espacios para  repensar el modelo económico y político, en escenarios como la próxima Cumbre agraria, campesina, indígena y popular.

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