La comunidad afectada por  la represa El Quimbo solicitó la suspensión de la hidroeléctrica.

La solicitud se realizó en el marco de la Audiencia Ambiental registrada en Garzón-Huila. También se exigieron  las compensaciones  por los daños ocasionadas al departamento del Huila y sus pobladores. Según el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, hay un justo reclamo de las comunidades por el incumplimiento de las  compensaciones., unas no reconocidas y otras evadidas, “hay una inconformidad y un rechazo por la manera en que se ha llevado este proceso. Me ha llamado la atención la forma en que se entregó la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico  y la forma en que se ha incumplido los diversos compromisos de orden económico, social y ambiental”.  

Para el investigador de Asoquimbo, Miller Dussán la manera de garantizar que no se sigan violando los derechos de las víctimas y los afectados, es con la suspensión del Proyecto Hidroeléctrico, “Hay que desmantelar El Quimbo y demandar al Estado y a Emgesa por los delitos de desplazamiento forzado, destrucción del medio ambiente y de nuestros Bienes Naturales Comunes y exigir la moratoria de la política minero energética y un nuevo modelo Soberano y Autónomo de generación de energía que responda a las necesidades de las comunidades y se fundamente en otras alternativas como la solar, eólica, biomasa, entre otras”, puntualizó el docente.  

Es que son múltiples las afectaciones y los incumplimientos,  fuera del impacto ambiental se ha causado un grave problema social al afectar las actividades productivas y económicas de  los habitantes en la zona. Para la acompañante de las víctimas, Jennifer Chavarro la declaratoria de utilidad pública que se entregó al proyecto de represa, se amplío a más de 43 mil hectáreas en departamento y por lo tanto hay más 33 mil personas afectadas, “los reasentamientos no se ha cumplido porque en el caso de San José sólo llevan el 68 del distrito de riego y piensan entregarlo hasta el 2018, mientras tanto quién les paga los daños a esas familias que no han podido restituir sus actividades productivas y que fueron despojados con órdenes de expropiación”. 

El espacio fue oportuno para exigir  un nuevo modelo  energético soberano para el país y que responda a las necesidades locales de los territorios. 

 

 

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