14 Pueblos Indígenas  del Putumayo luego que el Gobierno nacional les incumpliera un acuerdo de diálogo en mesas, decidieron bloquear de nuevo la vía Mocoa – Pitalito, sin embargo fueron reprimidos por el Esmad.

 

Las primeras movilizaciones de bloqueo iniciaron el 24  de julio con la presencia de las comunidades de los 14 pueblos de Putumayo, conformados Ingas, Kamëntsá, Sionas, Cofanes, Murui, Coreguajes, Nasas, Emberas, Yanaconas, Pastos, Quillacingas, Quichuas, Awuas y Pijaos.   Esto en  previa asamblea que sostuvieron desde el 16 de julio en Sibundoy,  manifestaron que el gobierno viene afectando sus territorios con el desarrollo de magaproyectos que atentan de manera enorme su habitad.

De igual forma,  frente al riesgo de sus territorios  por  las concesiones mineras y  la extracción de petróleo. Así mismo la ampliación de la  reserva forestal de la cuenca alta del río Mocoa que da paso a que se apropien  del  territorio ancestral de los pueblos Inga y Kamëntsá. También por la construcción del troncal San Francisco Mocoa que afecta los territorios y es infraestructura para garantizar la intervención de las transnacionales. “Cansados de falsas promesas por parte de las instituciones del Estado, manipulando los tratados internacionales para encubrir los proyectos de extracción, y sobrexplotación minera, privatización de los recursos renovables y no renovables”.

Por eso en un comunicado manifestaron su responsabilidad ancestral de defender sus costumbres, sabiduría, territorio y cultura. Es que dentro de su cosmovisión  la defensa de la Madre Tierra es una de sus prioridades y por eso se unen  para impedir el atropello de sus derechos fundamentales como poblaciones indígenas y exigir el respeto de su autonomía sobre los territorios, reclamando además al derecho constitucional a  la consulta previa. “Nos vemos entonces obligados a movilizarnos dada la violación de nuestros derechos ancestrales, constitucionales y los tratados internacionales de protección como pueblos originarios. NO queremos la privatización de nuestro territorio, NO queremos a las empresas mineras que contaminan y lo único que dejan es muerte, NO queremos la variante San Francisco – Mocoa, nos han manipulado con falsas promesas de ampliación de nuestros resguardos para callar nuestra voz”, aclara el comunicado rechazando la excusa del “desarrollo y progreso”  para intereses particulares de las empresas.

El Gobierno no cumplió su compromiso el acuerdo de  diálogo que se había acordado para el 3 de agosto, por lo que despejaron la vía. Sin embargo, ésta  fue aplazada por el delegado presidencial para 16. Por eso los indígenas  manifestaron que el Gobierno agravó su credibilidad, agudizando la vulneración de los derechos de los pueblos. Más de dos semanas esperando que se cumpliera la mesa de diálogo y trabajo con el Gobierno que suponía realizarían el tres de agosto.  Por esa razón el 26 de agosto reunidos nuevamente en el  resguardo indígena de Condagua en asamblea permanente decidieron  bloquear una vez más la vía nacional.

La represión

Las comunidades indígenas Inga, Pasto, Awa y Embera del departamento del Putumayo, la Bota Caucana y el corregimiento de Jardines de Sucumbios de Ipiales-Nariño iniciaron una minga de movilización para denunciar la problemáticas que padecen en sus territorios. La Minga de Resistencia por la Defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas por la defensa de Sbatsanamaman – Pachamama, bloqueando la vía principal del Valle de Sibundoy, “para denunciar el atropello del Estado y sus instituciones en contra de la vida, la cultura y el territorio sagrado de los pueblos del Valle de Sibundoy, no solamente de los pueblos ancestrales Inga y Kamëntsá, sino también de nuestros hermanos de las comunidades campesinas y habitantes urbanos”. Aclararon que el bloqueo de la vía era indefinido mientras el Estado no retire su maquinaria del territorio sagrado, pues están  defendiendo la vida.

La exigencia de derechos por medio de la movilización en el país  ha venido reiteradamente siendo reprimida.  A la altura de la zona del resguardo Indígena Inga de Condagua en Mocoa Putumayo, la comunidad que bloqueaba por tres  días  desde el martes 21 de agosto  la vía Mocoa  a Pitalito por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos de desarrollar las mesas de diálogo. Recibió de  respuesta fuerza  militar y represión.

Hasta  la zona llegó un fuerte grupo armado de 400 efectivos de Grupo Antidisturbios, Esmad.  Fue el  Secretario departamental de Putumayo que  ordenó de despejar la vía en el marco de la política nacional de impedir la manifestación.

En horas de la tarde del 23  de agosto se reportó el desalojo de las comunidades, la fuerza pública empezó a atacar a la población lanzando gases de manera indiscriminada para desalojar a la fuerza, así lo confirmó el líder Franco Ever Payaguaje.  Hacía las cinco de la tarde las más de 1000 personas entre hombres, adultos mayores, mujeres y niños que se encontraban en el lugar fueron sacados de manera violenta, obligando a escapar de la agresión  a la parte céntrica del monte.

La comunidad  responsabilizó al Estado por la violación a la integridad de las comunidades, más cuando incumplió los compromisos.  El líder indígena Oscar Pisso, manifestó que lanzaron varios artefactos explosivos, así  mismo dejaron varios heridos; uno de ellos lastimado en uno ojo, también un niño de 14 años lastimado  y un detenido, “entraron de una vez atacando, la comunidad intento defenderse, pero la comunidad no aguantó y tocó desplegarse por tanto gases”. Así mismo confirmó que la fuerza pública buscaba ingresar a  la parte del alojamiento del resguardo.

Por otro lado la Defensoría del Pueblo y organismo competentes de Derechos Humanos al momento del procedimiento de agresión del Esmad no estuvieron presentes. Lo que agravó la integridad y seguridad de las comunidades, ya que ninguna institución hacía presencia como garante, por lo que  la agresión y abuso fue desmedido por parte de la fuerza pública.

En los últimos meses se ha podido evidenciar  como el gobierno colombiano ha puesto a sus fuerza pública a agredir a las comunidades indígenas, desalojando a las fuerza a la población cuando reclaman sus derechos. Situación similar se vivió en Cauca cuando se exigió respetaran sus territorios por la guerra, resultaron heridos y varios muertos. También  en el Huila que venía movilizando por la defensa del territorio contra la política minero energética, el choque dejó a 24 personas de la comunidad heridas.

Seguridad y multinacionales

Las circunstancias tal como sucede en el Cauca, en Putumayo también son complejas.  Puesto que  a la arremetida de las corporaciones  transaccionales, se vive un grave conflicto armado que afecta a los territorios. Por eso el reclamo de la comunidad también es a desarmar los territorios. El 24 de agosto el parlamentario de Putumayo,  Guillermo Rivera Flórez alertó sobre desplazamiento de habitantes del corregimiento de El Tigre por grupos armados.

La situación se agudiza con los megaproyectos que se desarrollan. Igual como se tiene planeado con la intervención del río Magdalena, el Ministerio de Transporte anunció el desarrollo del proyecto de navegabilidad del río Putumayo para conectar con Brasil. Esto es infraestructura para integración que permita la explotación, extracción y el ingreso de las corporaciones transnacionales

El 16 de julio  comunidades campesinas e indígenas del bajo Putumayo empezaron a marchar cansados del conflicto, es que en el último año se han registrado 42 personas víctimas de mina. Desde Puerto Asís,  pasando por  Villa Garzón más de 5mil personas  llegaron hasta Mocoa. Luego a finales de Julio por más de tres días se movilizaron y bloquearon la  vía Mocoa – Pitalito. A ésta se sumaron  comunidad afro y campesinos exigiendo que no se expidan licencia para explotación minera, hidrocarburos, la construcción de hidroeléctrica,  y la explotación de recursos naturales que viene afectando a los territorios y sitios sagrados.

Es que el reflejo de esta situación es la construcción de la  variante San Francisco Mocoa  que afecta los ecosistemas y tiene el fin de implementar   infraestructura vial para la extracción de los recursos, esto como un supuesto “desarrollo” regional y que corresponde al mega proyecto de infraestructura IIRSA. A lo que se suma la situación de conflicto, la presencia de  fuerza pública crea problemas de seguridad, y genera persecución a los procesos sociales y estigmatiza la protesta social.

Es que toda la estructura del Estado está al servicio de estos  proyecto que como la vía afecta el territorio y genera despojo en las comunidades. Desde  Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e INVIAS han venido imponiendo este proyecto,  desconociendo  la existencia de los Pueblos Inga y Kamentsa y sus derechos dentro del Territorio ancestral, “lugar por  donde se construirá el modulo vial Variante San Francisco  - Mocoa como parte del Mega proyecto  vial (IIRSA) Corredor  Multimodal  Tumaco – Pasto – Mocoa – Puerto Asís –Belén Dopara en el Brasil”.

Las comunidades indígenas además exigen el respeto y la aplicación de la consulta previa con las comunidades cuando se piensan desarrollar  proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales, mineros y petroleros. También para que se implemente una consulta previa  popular en la que se tengan en cuenta a los campesinos a la hora de implementar proyectos

Por eso las comunidades exigen la detención de proyectos de explotación de recursos naturales a cargo de empresas multinacionales, la solución política del conflicto armado y la prestación efectiva de servicios de salud, educación e infraestructura vial; situaciones que al cumplirse garantizarían los derechos culturales de los nativos, según ellos referentes básicamente a la conservación de sus tradiciones.

FIRMA LA PETICION: Paren la variante San Francisco Mocoa y las concesiones Mineras en el Valle de Sibundoy

 

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